Real Decreto 1591/1992, de 23 de diciembre, sobre Disciplina Deportiva
La Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, mediante la que se moderniza y adecúa el modelo deportivo de ámbito estatal, destina su Título XI a la fijación de «los criterios fundamentales del régimen disciplinario deportivo», según manifiesta en su propia exposición de motivos, remitiendo expresamente el artículo 85 de la Ley para la concreción de dichos principios y criterios a sus disposiciones de desarrollo, de entre las que el presente Real Decreto constituye el primer eslabón.
No cabe olvidar, a este respecto, que el sistema disciplinario deportivo de ámbito estatal se estructura normativamente en diversos niveles, con objeto de atender tanto a la diversidad social a la que se dirige, como a las necesarias singularidades que impone la ordenación de la práctica de deportes muy distintos entre sí. En coherencia con lo anterior, en el presente Real Decreto de Disciplina Deportiva se contienen, junto a prescripciones directamente aplicables a las relaciones intersubjetivas que en él se contemplan, otras dirigidas a fijar los ámbitos en los que puedan moverse las previsiones normativas emanadas de las Federaciones, Ligas, Clubes u otros entes de la organización deportiva estatal, limitándose la norma reglamentaria, en este último supuesto, a trasladar y completar los criterios y principios establecidos en la Ley.
Esta disposición pretende, por tanto, compaginar la autonomía de la organización privada deportiva con el ejercicio de las funciones de ordenación y tutela que en materia deportiva corresponden a los poderes públicos, y que en el campo sancionador se traducen, especialmente, en el diseño de la posición jurídica de los sujetos sometidos a la disciplina deportiva, garantizando el pleno disfrute de los derechos de defensa constitucional y legalmente reconocidos.
Por otra parte, el sistema articulado por el Real Decreto 642/1984, de 28 de marzo, en desarrollo de la Ley 13/1980, de 31 de marzo, ha gozado de notable aceptación en el seno de la organización deportiva y ha cumplido con más que razonable eficacia los objetivos perseguidos con su aprobación. En consecuencia no se ha pretendido alterar en profundidad el anterior modelo disciplinario deportivo sino adaptarlo a las prescripciones de la Ley y mejorar algunos aspectos que se hayan acreditado como disfuncionales.
Con algún matiz diferencial, entre los aspectos que la Ley ha conservado, y que por tanto aquí se desarrollan, se encuentra la distinción entre las infracciones según se cometan, o no, «durante el curso del juego o competición»; y en estrecha relación con lo anterior se mantiene la dualidad de procedimientos, conservándose el ordinario y el extraordinario, si bien este último algo aligerado en cuanto a plazos y trámites.
Demostrada sobradamente la eficacia pacificadora y unificadora del anterior Comité Superior de Disciplina Deportiva, también se mantiene la presencia de un órgano de sus características en el vértice de la estructura orgánica disciplinaria, ahora bajo el rótulo del Comité Español de Disciplina Deportiva. En relación a este órgano, el presente Real Decreto introduce, entre otras, alguna modificación respecto de la extracción de sus miembros, dando entrada a las propuestas de las Comunidades Autónomas; proclama la necesidad de actuar coordinadamente con otros órganos autonómicos equivalentes y sienta el principio de publicidad de sus resoluciones. En aras de una mejor técnica legislativa, queda diferida a la oportuna normativa de desarrollo la minuciosa regulación de su régimen interno.
Otras novedades que en este Real Decreto se aportan dejando al margen las derivadas de la aparición de nuevas figuras sociales en la organización deportiva y de la expresa extensión de su ámbito de aplicación a las competiciones escolares y universitarias, siempre de ámbito estatal; vienen de la mano de la reestructuración del listado de infracciones y sanciones y de la correspondencia que debe establecerse entre ellas.
El Real Decreto 2690/1980, de 17 de octubre, vigente hasta ahora en este punto, únicamente contemplaba la clasificación de las infracciones en función de su gravedad, distinguiendo entre leves, graves y muy graves. La Ley del Deporte, y consecuentemente este Real Decreto, añaden a dicha tipología tripartita la existencia de infracciones muy graves comunes y de otras específicas que, siendo también muy graves, se caracterizan por venir referidas a determinados sujetos –directivos o Federaciones– o al ámbito en que se producen –deporte profesional–. Teniendo presente la naturaleza de los intereses que se tutelan al establecer dichas infracciones, es llano entender que resulta ineludible unificar, desde este escalón normativo, el régimen sancionador derivado. Por ello, en este punto no basta, como para las infracciones comunes, establecer el listado de sanciones que a las mismas pudieran corresponder, sino que es necesario prefijar casuísticamente la sanción que comporta cada una de las infracciones tipificadas, teniendo en cuenta su entidad y circunstancias. Estos requerimientos añaden, sin duda, complejidad a este Real Decreto, lo que se pretende paliar introduciendo la novedad formal de adicionar a la parte dispositiva unos cuadros de infracciones y sanciones –de correspondencia unos y enumerativos los otros– que faciliten su comprensión y manejo.
Finalmente, merece hacer siquiera sea mera alusión a la creación de los Registros de sanciones, al nuevo y abierto sistema de suspensión de la ejecutividad de las mismas y a la distinción conceptual entre pruebas y encuentros, lo que tiene su trascendencia a la hora de determinar las posibilidades de reacción ante las sanciones impuestas durante su curso.
La disposición final primera de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, autoriza al Gobierno para dictar las disposiciones necesarias para su desarrollo.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Educación y Ciencia, con la aprobación del Ministro para las Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de diciembre de 1992,
D I S P O N G O :